La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar. La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones.
Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales. Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis.
Los costos de estos colapsos son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad. No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos.
Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur.
En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta. Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración.
Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas. El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas. Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente.
Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol. Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares.
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido.
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más. Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras.
No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante. Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundización del proyecto transformador. En principio, la reforma financiera -hoy en agenda-, para orientar el crédito hacia el desarrollo, la integración nacional y la diversificación productiva. Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como su estatización cuando resulte estratégico.
Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos. Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática.
No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza. Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático. Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido. La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
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