martes, 10 de febrero de 2009
LA SITUACION DEL CAMPO A PESAR DE LA SEQUIA
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) Por Roberto Navarro Entre 2003 y 2008 el sector agropecuario aumentó sus exportaciones en un 150 por ciento, sus ventas totales, un 160 por ciento, y sus ganancias un 340 por ciento. Esta excepcional performance estuvo basada, fundamentalmente, en la explotación de cereales y oleaginosas. El nivel de precios actual de estos granos, descontadas las retenciones, es similar al que regía a finales de 2007 para la soja, el maíz y el trigo, que representan el 90 por ciento de la cosecha, y un 27 por ciento menores en el girasol. Y los costos de explotación bajaron un promedio del 20 por ciento. En ese momento ninguna de las cámaras que representan al campo se quejaba de su situación. Hoy, en similares condiciones, acaban de anunciar un nuevo lockout empresarial.La Secretaría de Agricultura y consultoras independientes estiman que la sequía tendrá como resultado una caída en la producción de la actual campaña de aproximadamente un 15 por ciento, con respecto a la anterior. Hecho que, obviamente, disminuirá las ganancias de 2009. Pero las 2500 grandes explotaciones, que concentran el 80 por ciento de la producción, tienen la posibilidad de utilizar métodos de riego adicional –si tuvieron la previsión de reinvertir parte de sus fabulosas utilidades en esta tecnología– y de cobrar los seguros de sequía que ofrecen los bancos. Para los más pequeños el Estado nacional destinó 230 millones de pesos en subsidios y declaró la emergencia agropecuaria, que pospone por un año el pago de los principales impuestos.En 2003 la producción de granos, el principal rubro de explotación agropecuario, fue de 66,8 millones de toneladas; en 2008 alcanzó los 95,4 millones de toneladas, un 42 por ciento más. Aduana registró que esas ventas significaron ingresos para los productores por 10.214 millones de dólares en 2003 y por 25.397 millones de dólares en 2008, un incremento del 148,6 por ciento. En 2003 –siempre según datos de la AFIP– el campo tributó de impuesto a las ganancias por sus utilidades de 2002 un total de 1183 millones de pesos. El año pasado pagó 3841 millones, 225 por ciento más. Las estimaciones de lo que deberán pagar por sus ganancias de 2008 superan los 5000 millones de pesos. Es decir que, según sus propias declaraciones juradas, aumentaron sus ganancias en un 340 por ciento en términos nominales en un lustro.El seis de noviembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner aumentó los derechos de exportación de los granos. Las cámaras empresarias del sector protestaron por la medida, pero finalmente la toleraron por el buen nivel de precios de los cereales. El precio actual de los principales granos, descontadas las retenciones vigentes, es similar al de ese entonces. La soja, que representó en 2008 el 54 por ciento de la producción, cerró el jueves último a 384 dólares la tonelada. Descontándole el 35 por ciento de retención vigente, el productor recibe 250 dólares. En noviembre de 2007 recibía 252 dólares. El maíz, que significa el 27 por ciento de la cosecha, con una retención actual del 32 por ciento, cotiza a 124 dólares, un dólar más que en 2007. Es decir que en más del 80 por ciento de la producción, los ruralistas reciben el mismo precio que en 2007. En el caso del trigo, el productor obtiene un 9 por ciento menos que en el período citado, mientras que en el girasol la baja es del 27 por ciento.Los principales dirigentes agropecuarios afirman que por la sequía los rindes por hectárea serán menores y que por lo tanto ganarán menos. Pero no hablan de la fuerte baja en los costos que los está beneficiando. El precio de los agroquímicos cayó un promedio de 35 por ciento en el último trimestre, arrastrado por la caída del petróleo y por la misma baja de los granos. Las semillas cuestan 20 por ciento menos. Pero la baja de costos más importante es el derrumbe en el valor de los arrendamientos, que supera el 40 por ciento. El año pasado se pagaban hasta 23 quintales de soja por hectárea; en la actualidad ningún alquiler supera los 15 quintales la hectárea y en muchos casos se están pactando 12 quintales. El 70 por ciento de la producción nacional de granos se realiza en campos arrendados y para los productores el costo del alquiler significa el 50 por ciento del total de sus gastos. Según la revista Márgenes Agropecuarios, la de mayor circulación entre los productores del campo, en promedio, se estima que la caída de costos supera el 20 por ciento.Cuando se revisan los resultados de 2008, año marcado por el conflicto agropecuario, surge que el sector rural obtuvo una alta rentabilidad. El aumento de las ganancias declaradas a la AFIP fue del 52,8 por ciento con respecto al período anterior: 2514 millones de pesos en 2007 y 3841 millones el año pasado (los pagos de ganancias corresponden siempre a las utilidades conseguidas el año anterior). A la vez, las exportaciones treparon de 19.300 millones de dólares en 2007 a 25.397 millones en 2008, 31,5 por ciento de aumento.La diferencia entre los costos de la sequía que estima el Gobierno con respecto a los de las cámaras agropecuarias es enorme. En el Ejecutivo hablan de 2000 millones de dólares; Confederaciones Rurales Argentinas asegura que se perderán 5000 millones de dólares. Más allá de los métodos de cálculo que haya utilizado cada uno, hay un concepto principal a definir: ¿a qué se le llama pérdida? Es lógico que un pequeño productor que tenía 50 cabezas de ganado y se le murieron hable de pérdida. Pero, según estimaciones del Ministerio de Economía, los grandes productores pasarán de ganar un 100 por ciento sobre inversión neta en 2008 a un 50 por ciento en 2009. Y dan un caso concreto: un campo de 200 hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires sembrado de soja el año pasado arrojó una ganancia de 433 dólares por hectárea, mientras que en 2009, a precios del viernes último, dejará 290 dólares. Al cambio actual, esos 290 dólares significan 1015 pesos por hectárea, casi lo mismo que arrojaba esa explotación a fines de 2007, pero un 600 por ciento más que los 155 pesos que dejaba en 2001 ¿Puede llamársele pérdida a esos 290 dólares por hectárea? Los popes de las cámaras gremiales piensan que sí y por eso proponen un nuevo lockout.La sequía reduce el rendimiento en cantidad de quintales que se cosechan por hectárea y en muchos casos ni siquiera permitió sembrar. El factor climático es un determinante de rentabilidad importantísimo para el campo. Los productores lo saben. Por eso existen elementos para paliar esa amenaza siempre presente. Una de ellas son los seguros climáticos que ofrecen los bancos. Según el tamaño de la explotación y el alcance de la póliza, el seguro significa entre un 2 y un 5 por ciento del costo total. Muchos grandes productores lo tienen; otros, más arriesgados, hoy se arrepienten de no haberlo contratado. Como siempre, para los productores muy pequeños, no es accesible. Si el Estado se hiciera cargo de las “pérdidas”, nadie necesitaría gastar en seguros.Los primeros perjuicios económicos causados por la debacle internacional ya se conocen. En diciembre la producción automotriz cayó 41 por ciento; la producción de acero derrapó 31 por ciento; la de cemento, casi 10 por ciento, por citar algunos sectores relevantes. Hasta ahora ninguno de estos damnificados anunció ningún lockout ni amagó con cortar rutas. El sector agropecuario, el que contabilizó el mayor incremento en sus ventas y ganancias en los últimos cinco años, acaba de anunciar el primer lockout de 2009 para fines de febrero. (Agencia Paco Urondo)
martes, 3 de febrero de 2009
LOS ALIADOS POSIBLES Y EL ENEMIGO PRINCIPAL (NORBERTO GALASSO)
Días atrás, se publicaron en este diario notas de opinión de Hugo Barcia y Alcira Argumedo referidas a declaraciones de Pino Solanas donde responsabilizaba por la mortalidad infantil no sólo al Gobierno, sino también a “cómplices, mentores intelectuales, etc.”, entre los cuales se hallaría el grupo Carta Abierta. Alcira no refutó las apreciaciones correctas de Barcia sobre la mortalidad infantil, sino que fundamentó el furibundo antikirchnerismo de Proyecto Sur en siete puntos, entre los cuales los puntos 2, 3, 4 y 6 corresponden a uno solo: la política del Gobierno respecto a los recursos naturales; el punto 1 se refiere al Tren Bala, proyecto que puede considerarse frustrado, el 4 al blanqueo de capitales y el 7 a la prórroga de las licencias a los medios de comunicación. Además, ratificó las críticas de Pino a Carta Abierta. Estas posiciones no son nuevas en Proyecto Sur: en La Nación, Pino ha señalado que “Kirchner es un traidor a la patria e hipotecó el futuro” (29/9/2007), en Perfil sostuvo que “Kirchner continúa a Menem” (20/5/2007) y últimamente calificó a este gobierno de “antinacional y antipopular”. Si esto lo pregonasen Altamira, Ripoll o Alderete, no escribiría estas líneas pues la izquierda abstracta, liberal o antinacional, como se la quiera llamar, se ha especializado, desde Yrigoyen hasta hoy, en ser funcional a la reacción, en nombre del socialismo y sólo la izquierda nacional ha sabido comprender a los movimientos nacionales cabalgando a su lado mientras intentaba mantener su independencia política, ideológica y organizativa, aunque también allí hubo claudicaciones como la de Ramos frente al menemismo. Pero como estas críticas (confundiendo al posible aliado con el enemigo principal) provienen de compañeros con los cuales hemos transitado caminos de lucha, como en el frustrado Proyecto Sur de 2002/03, alguien que pertenece a las bases de Carta Abierta, orienta la Corriente Política E. S. Discépolo y dirige el periódico Señales Populares, se ve obligado, con el dolor que provoca criticar a antiguos compañeros, a intervenir en la polémica.A las críticas de Alcira, podemos oponer:1) La avanzada política de derechos humanos del kirchnerismo.2) La avanzada política latinoamericana que contribuyó a hundir el proyecto del ALCA, que desde el Unasur contribuyó a evitar el golpe de Estado en Bolivia y que ha logrado la simpatía y apoyo de Chávez y Fidel, quienes, según parece, saben algo de imperialismo y cuestión nacional.3) La depuración de la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de figuras de capacidad y conducta incontrovertible.4) El recupero de los aportes previsionales al tomar las AFJP, dando un fuerte golpe al poder financiero.5) La reconversión de una economía de especulación por un modelo productivo que permitió una importante disminución de la desocupación y la pobreza.6) El intento de redistribuir el ingreso a través de la Resolución 125, afectando la renta agraria diferencial, en el mismo sentido que lo hizo Perón en el ‘46 a través de los tipos de cambio selectivos. (En este caso, no vale el argumento de Alcira acerca de la votación de Lozano, pues la AFIP (resolución 1898/2008) inició acción contra las grandes exportadoras por los 1700 millones de pesos evadidos (El Cronista, 22/1/2009). Y aun cuando no lo hubiera hecho, esto obligaba, por lo menos a la abstención y no a ser cobertura de izquierda de la nueva Unidad Democrática que están conformando Carrió, Morales, López Murphy y otros.)7) El recupero del rol del Estado: en Correos, Aguas, transporte aéreo, astilleros, algunos ramales ferroviarios, proyecto de tomar la fábrica de aviones de Córdoba y el canal Encuentro.El kirchnerismo es pues todo esto y es también buena parte de lo que dice Alcira, como ocurre normalmente con los movimientos nacionales en gestación, policlasistas, contradictorios, clientelistas, pragmáticos, conciliadores, con “amigos del poder” que hacen negocios. ¿Se lo tenemos que decir nosotros, desde la izquierda nacional, justamente a los peronistas? Diría Jauretche, ¿dónde se ha visto que los hijos enseñen a los padres cómo se hacen los hijos? ¿Qué hubiera hecho Pino cuando Perón se negó a expropiar a la corrupta y recorrupta CADE? ¿Hubiera dicho que era “un gobierno antinacional y antipopular”? Claro, desde la izquierda abstracta es fácil decir, ¿por qué Perón no desarrolló fuertemente la minería?, ¿por qué apenas dio el puntapié inicial con Somisa cuya primera colada es de la época de Frondizi? ¿Y el contrato petrolero con la California? ¿Habría dicho acaso: “¡Qué antinacional y antipopular es este Perón!”? Pino dice en otro artículo: “Perón no estaría hoy en el PJ”. Yo pregunto: ¿era mucho mejor el PJ del ‘54? ¿No había entonces “amigos del poder” que hacían negocios? ¿Quiénes eran Jorge Antonio y Silvio Tricerri? ¿O entonces resulta que Codovilla tenía razón siendo funcional al imperialismo para que sanease a la Argentina emporcada por los “negros peronistas” del ‘45?Por otra parte, somos ya lechuzas demasiado cascoteadas para entrar en la moralina boba de la Carrió: la corrupción es intrínseca al capitalismo y cuando está la reacción en el poder disimula sus negocios con leyes a su conveniencia; cuando estamos los del pueblo algunos violan esas leyes y hacen sus negocitos. Pregúntenle a Chávez, que sabe de esto, como también de la clase media de Caracas escandalizada moralmente, aunque, igual que la nuestra, evade impuestos con toda naturalidad.Por momentos me asombro, porque parece que hay que enseñarles peronismo a los peronistas. Ningún gobierno, decía Perón, cumple el 100 por ciento de los objetivos nacionales y populares, porque está el enemigo que también es fuerte. Cuando cumple el 50 por ciento o más ya el balance es favorable. Jauretche le decía a Jorge Del Río cuando se deslizaba a la oposición porque Perón no expropiaba la CADE: “Es importante, sí, pero usted no puede ver la historia por el agujerito de la cerradura de la CADE”.El balance general es el que interesa. Escuchen esto mis viejos y queridos amigos: “Hay muchos actos, y no de los menos trascendentales por cierto, de la política interna y externa del general Perón que no serían aprobados por el tribunal de las ideas matrices que animaron a mi generación. Pero de allí no tenemos derecho a deducir que la intención fuese menos pura y generosa. En el dinamómetro de la política, esas transigencias miden los grados de coacción de todo orden con que actúan las fuerzas extranjeras en el amparo de sus intereses y de su conveniencia. No debemos olvidar en ningún momento –cualesquiera sean las diferencias de apreciación– que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. Todo lo que socava a Perón, fortalece a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país” (1947). No hace falta que te diga a vos, Pino, que hiciste recientemente una película sobre “los hombres que están solos y esperan”, que el autor es Raúl Scalabrini Ortiz. Por eso, como decía Jacques Prevert, es muy peligroso dejar que los intelectuales jueguen con fósforos porque, retomando a Jauretche, combatir lo bueno (“desgastando”, creando “clima destituyente”) puede significar que en vez de lograr lo mejor, sirvamos para que vuelva lo malo.En esta Argentina de hoy hay que luchar para profundizar este proceso, cabalgándole al lado, marcando críticas, proponiendo soluciones superadoras, empujando, pero no atacando desde enfrente, presionando para que fracase, porque la única opción que hay hoy la conocemos y viene de lejos: Bullrich Luro Pueyrredón, Pinedo, Estensoro, López Murphy, Grondona, Anchorena, los grandes pulpos mediáticos... y el Tío Sam.Por esta razón, Proyecto Sur debería sumarse a Carta Abierta en vez de arrojarle críticas y trabajar desde allí, para incorporar a la lucha a los sectores populares, para movilizar, exigiendo al Gobierno que profundice lo realizado, porque –y vuelvo a decir, me da vergüenza explicarlo a compañeros de larga militancia– aquí hay una cuestión nacional argentina y latinoamericana por resolver. Y estamos frente a una oportunidad como nunca tuvimos antes. Lo saben Fidel, Chávez, Evo, Correa y muchos otros y lo intuyen los pueblos. Quienes socaven este proceso –con planteos que desconocen la correlación de fuerzas existente– asumen una grave responsabilidad si se frustra esta gran oportunidad para ir dando pasos hacia una América latina unida y soberana, marchando en el camino del socialismo del siglo XXI.
lunes, 2 de febrero de 2009
EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIALES EN LA ARGENTINA, POR ERIC CALCAGNO
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Revista Sur y en Causa Popular) Hubo un tiempo durante el cual el periodismo era expresamente un medio de persuasión: los principales diarios de la Argentina estaban identificados con un partido político o se presentaban como defensores de una definida corriente de opinión. Así, en el país están o estuvieron el mitrista diario La Nación, el conservador La Prensa, el yrigoyenista La Época, el peronista Democracia, el socialista La Vanguardia, el anarquista La Protesta, el comunista Nuestra Propuesta, el nacionalista Azul y Blanco, y muchos otros. Quien leía cada uno de estos periódicos sabía cuál era la ideología y los puntos de vista de los redactores.
Esta convicción con información fue desplazada de a poco por la prensa con lógica empresaria. El objetivo es la maximización de ganancias, que convierte la noticia en mercancía informativa. Para que este sistema funcione, se basa en proclamar la objetividad, utilizar el sensacionalismo y presentar la independencia de posiciones partidarias. Parecen requisitos necesarios en la defensa de intereses económicos, en general de grupos concentrados, que usan la comunicación para legitimar su poder en la sociedad: ¿una política sin partidos, sin militantes... sin votantes? Un mundo de pasivos lectores, consumidores de la “verdad” cotidiana, anunciada como un oráculo, inapelable como una sentencia.
A veces, ése parece ser el rol que ejercen en varios países latinoamericanos algunos diarios y periódicos comerciales, que ocupan el lugar de los partidos políticos. Se llega al extremo de fabricar conflictos y líderes para encauzar la oposición, cuando ésta es muy débil o se encuentra desarticulada.
Claro que éste no es un fenómeno nuevo: antes del desembarco de fuerzas estadounidenses en Cuba durante la guerra con España de 1898, el magnate de la prensa William Hearst envió a La Habana a un periodista, quien le telegrafió lo siguiente: “No ocurre nada, todo está en calma, no habrá guerra, quisiera regresar”. Hearst le respondió: “Quédese, provéanos de ilustraciones, nosotros le suministraremos la guerra”.
En este contexto, es útil recordar la metodología sugerida por Harold D. Lasswell, quien a mediados del siglo pasado recomendaba analizar la función política real de los medios de comunicación con tres preguntas que contestar: “Quién dice qué, a quién y con qué efecto”. Veamos.
Quién dice. El primer punto se refiere a quién dice. En este sentido, sólo tienen acceso a la propiedad de los medios masivos de comunicación el Estado o aquellas empresas con suficiente poder económico como para poder editar un diario o un periódico, o instalar y hacer funcionar una estación de radio o de televisión.
No todos los ciudadanos de este país, por más buenas intenciones que tengan, pueden ser los dueños de un medio de comunicación: la igualdad de oportunidades frente a la comunicación masiva está, pues, falseada desde el origen.
Qué dice. El segundo elemento en la definición se refiere al contenido del mensaje. Aquí suele mezclarse la información con la propaganda. Es decir, se trata de “influenciar la acción humana por la manipulación de representaciones”, que pueden ser habladas, escritas, por imágenes o musicales. Para ello se utilizan los medios de publicidad más aptos para coordinar la conducta de grandes masas de población, lo cual puede hacerse cada vez con mayor eficacia dada la enorme difusión de los modernos medios de comunicación, en especial la televisión; por lo demás, se trata de medios que requieren una actitud pasiva de quien contempla las imágenes, al contrario del esfuerzo de imaginación que requiere la palabra impresa.
Este mensaje puede referirse a la más amplia gama de temas, desde los ideológicos hasta los políticos y comerciales. Sirve tanto para una campaña electoral como para vender un producto o para desgastar a un gobierno. Los problemas surgen con respecto a las cuestiones de fondo, cuando se falsea o deforma la información o se procura instalar profecías autocumplidas; y en las formas, cuando se quiere promover a un candidato con métodos que sirven para vender automóviles o desodorantes (hay circunstancias en las que el método determina el resultado... no todo da lo mismo).
A quién se dice y con qué efecto. El tercer factor de la metodología sugerida por Lasswell alude a los destinatarios del mensaje, que cada vez constituyen grupos más amplios. El éxito de la prédica transmitida por la publicidad se refleja en la adopción por los receptores de las actitudes o conductas preconizadas.
Informar quiere decir –de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española– “enterar, dar noticia de una cosa”; pero para que el mensaje sea tomado como verdadero, debe atravesar el filtro de la ideología o de las ideas preconcebidas o prejuicios. Es común no enterarse de las informaciones que contradicen las propias convicciones; o que, si se aceptaran, plantearían graves problemas morales o políticos o de seguridad personal. Un ejemplo trágico de este hecho es el bloqueo mental con el que gran parte de la población argentina (en especial de su clase media) pudo ignorar la desaparición de personas durante el gobierno militar; o la propia desaparición del Estado durante los ’90.
Otra de las características fundamentales de los medios de comunicación es su capacidad para afirmar o diluir la identidad cultural de las naciones. Varios estudios acerca de la televisión muestran una disociación entre las necesidades de una cultura nacional deseable y la mayor parte del material que se emite, que en su mayor parte consiste en series violentas de procedencia extranjera, que ya están amortizadas en el país de origen y pueden venderse a bajos costos.
El fenómeno de transnacionalización de las actividades económicas y culturales afecta fuertemente a las identidades nacionales. El término de “industria de la información” acuñado por los economistas de la Universidad de Stanford, plantea claramente el predominio de lo económico por sobre lo cultural; si a ello se agrega la factibilidad de emitir mensajes que se reciben en todo el mundo, por encima de las fronteras, resulta la posibilidad de tratar los productos culturales de modo análogo a las exportaciones comerciales. De tal modo, no sólo se desdibuja la identidad cultural nacional, sino que a la vez se desinforma.
En conclusión, abandonada la función política de persuasión, la información aparece entonces como una mercancía más, resultado de sistemas de producción, distribución y consumo donde encontramos las mismas variables y categorías que en cualquier otra área de la actividad económica. Han sufrido las mismas consecuencias de la concentración y extranjerización del aparato productivo y han efectuado una “globalización” de lo comercial y lo político; el problema es que aquí se trata de la producción y de la distribución de ideas, de la visión de nuestra Nación y de nosotros mismos, así como también de las capacidades para alcanzar determinados objetivos.
Lo grave es que los propietarios de la información no lo dicen, y los consumidores suelen creerlo. Aboguemos entonces por una prensa política, que represente con claridad todas las opiniones, y por lectores militantes, que ejerzan sus convicciones.
Esta convicción con información fue desplazada de a poco por la prensa con lógica empresaria. El objetivo es la maximización de ganancias, que convierte la noticia en mercancía informativa. Para que este sistema funcione, se basa en proclamar la objetividad, utilizar el sensacionalismo y presentar la independencia de posiciones partidarias. Parecen requisitos necesarios en la defensa de intereses económicos, en general de grupos concentrados, que usan la comunicación para legitimar su poder en la sociedad: ¿una política sin partidos, sin militantes... sin votantes? Un mundo de pasivos lectores, consumidores de la “verdad” cotidiana, anunciada como un oráculo, inapelable como una sentencia.
A veces, ése parece ser el rol que ejercen en varios países latinoamericanos algunos diarios y periódicos comerciales, que ocupan el lugar de los partidos políticos. Se llega al extremo de fabricar conflictos y líderes para encauzar la oposición, cuando ésta es muy débil o se encuentra desarticulada.
Claro que éste no es un fenómeno nuevo: antes del desembarco de fuerzas estadounidenses en Cuba durante la guerra con España de 1898, el magnate de la prensa William Hearst envió a La Habana a un periodista, quien le telegrafió lo siguiente: “No ocurre nada, todo está en calma, no habrá guerra, quisiera regresar”. Hearst le respondió: “Quédese, provéanos de ilustraciones, nosotros le suministraremos la guerra”.
En este contexto, es útil recordar la metodología sugerida por Harold D. Lasswell, quien a mediados del siglo pasado recomendaba analizar la función política real de los medios de comunicación con tres preguntas que contestar: “Quién dice qué, a quién y con qué efecto”. Veamos.
Quién dice. El primer punto se refiere a quién dice. En este sentido, sólo tienen acceso a la propiedad de los medios masivos de comunicación el Estado o aquellas empresas con suficiente poder económico como para poder editar un diario o un periódico, o instalar y hacer funcionar una estación de radio o de televisión.
No todos los ciudadanos de este país, por más buenas intenciones que tengan, pueden ser los dueños de un medio de comunicación: la igualdad de oportunidades frente a la comunicación masiva está, pues, falseada desde el origen.
Qué dice. El segundo elemento en la definición se refiere al contenido del mensaje. Aquí suele mezclarse la información con la propaganda. Es decir, se trata de “influenciar la acción humana por la manipulación de representaciones”, que pueden ser habladas, escritas, por imágenes o musicales. Para ello se utilizan los medios de publicidad más aptos para coordinar la conducta de grandes masas de población, lo cual puede hacerse cada vez con mayor eficacia dada la enorme difusión de los modernos medios de comunicación, en especial la televisión; por lo demás, se trata de medios que requieren una actitud pasiva de quien contempla las imágenes, al contrario del esfuerzo de imaginación que requiere la palabra impresa.
Este mensaje puede referirse a la más amplia gama de temas, desde los ideológicos hasta los políticos y comerciales. Sirve tanto para una campaña electoral como para vender un producto o para desgastar a un gobierno. Los problemas surgen con respecto a las cuestiones de fondo, cuando se falsea o deforma la información o se procura instalar profecías autocumplidas; y en las formas, cuando se quiere promover a un candidato con métodos que sirven para vender automóviles o desodorantes (hay circunstancias en las que el método determina el resultado... no todo da lo mismo).
A quién se dice y con qué efecto. El tercer factor de la metodología sugerida por Lasswell alude a los destinatarios del mensaje, que cada vez constituyen grupos más amplios. El éxito de la prédica transmitida por la publicidad se refleja en la adopción por los receptores de las actitudes o conductas preconizadas.
Informar quiere decir –de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española– “enterar, dar noticia de una cosa”; pero para que el mensaje sea tomado como verdadero, debe atravesar el filtro de la ideología o de las ideas preconcebidas o prejuicios. Es común no enterarse de las informaciones que contradicen las propias convicciones; o que, si se aceptaran, plantearían graves problemas morales o políticos o de seguridad personal. Un ejemplo trágico de este hecho es el bloqueo mental con el que gran parte de la población argentina (en especial de su clase media) pudo ignorar la desaparición de personas durante el gobierno militar; o la propia desaparición del Estado durante los ’90.
Otra de las características fundamentales de los medios de comunicación es su capacidad para afirmar o diluir la identidad cultural de las naciones. Varios estudios acerca de la televisión muestran una disociación entre las necesidades de una cultura nacional deseable y la mayor parte del material que se emite, que en su mayor parte consiste en series violentas de procedencia extranjera, que ya están amortizadas en el país de origen y pueden venderse a bajos costos.
El fenómeno de transnacionalización de las actividades económicas y culturales afecta fuertemente a las identidades nacionales. El término de “industria de la información” acuñado por los economistas de la Universidad de Stanford, plantea claramente el predominio de lo económico por sobre lo cultural; si a ello se agrega la factibilidad de emitir mensajes que se reciben en todo el mundo, por encima de las fronteras, resulta la posibilidad de tratar los productos culturales de modo análogo a las exportaciones comerciales. De tal modo, no sólo se desdibuja la identidad cultural nacional, sino que a la vez se desinforma.
En conclusión, abandonada la función política de persuasión, la información aparece entonces como una mercancía más, resultado de sistemas de producción, distribución y consumo donde encontramos las mismas variables y categorías que en cualquier otra área de la actividad económica. Han sufrido las mismas consecuencias de la concentración y extranjerización del aparato productivo y han efectuado una “globalización” de lo comercial y lo político; el problema es que aquí se trata de la producción y de la distribución de ideas, de la visión de nuestra Nación y de nosotros mismos, así como también de las capacidades para alcanzar determinados objetivos.
Lo grave es que los propietarios de la información no lo dicen, y los consumidores suelen creerlo. Aboguemos entonces por una prensa política, que represente con claridad todas las opiniones, y por lectores militantes, que ejerzan sus convicciones.
Fuente: Agencia Paco Urondo www.agenciapacourondo.blogspot.com
lunes, 5 de enero de 2009
COMISIÓN DE ECONOMIA DE CARTA ABIERTA: "SIN ESTADO NO HAY NACIÓN"
La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas con la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.
Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.
Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.
Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.
El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.
Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.
La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.
El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.
Nociones básicas
El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.
El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.
Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.
No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.
Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.
Heterodoxia
El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.
La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.
El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.
En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.
En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.
Intervención pública
El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.
Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.
Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.
Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.
El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.
La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.
Encrucijada
Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.
Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.
Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.
El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”.
Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.
El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.
Desarrollo nacional
Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.
Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.
Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.
economia.carta.abierta@gmail.com
Fuente: http://www.frentetransversal.com.ar/
Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.
Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.
Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.
El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.
Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.
La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.
El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.
Nociones básicas
El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.
El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.
Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.
No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.
Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.
Heterodoxia
El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.
La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.
El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.
En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.
En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.
Intervención pública
El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.
Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.
Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.
Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.
El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.
La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.
Encrucijada
Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.
Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.
Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.
El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”.
Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.
El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.
Desarrollo nacional
Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.
Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.
Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.
economia.carta.abierta@gmail.com
Fuente: http://www.frentetransversal.com.ar/
ENTREVISTA A NORBERTO GALASSO: "LA OPOSICIÓN ES MENTIROSA, HIPÓCRITA Y ANTINACIONAL"
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) En su versión radial (Basta de Zonceras, martes de 10 a 13 hs., FM La Boca, 90.1), la Agencia Paco Urondo entrevistó al historiador y pensador nacional Norberto Galasso para reflexionar sobre el ataque de Israel en Gaza, y la situación argentina. Basta de Zonceras: ¿Cuál es tu opinión sobre el ataque de Israel en Gaza?Norberto Galasso: Hay una repulsa general en todo el mundo por lo desorbitado de la reacción que ha generado más de 300 muertos y 600 heridos. Esto confirma una vez más una vieja línea que ha tomado Israel pero que ahora parece excesiva. Es curioso que tanto Israel como los Estados Unidos, mientras en la periferia, nosotros reivindicamos los derechos humanos, allí se ha justificado la tortura, se la ha legalizado. Hay imágenes que conmueven. Es todo lamentable, indigna la pasividad de los organismos internacionales, que en general no son internacionales sino que responden a las grandes potencias. BZ: Justamente, esta barbarie se da mientras que en la periferia se dan procesos que abrigan muchas esperanzas.NG: Uno habla en general, pero está bien lo que señalás. Si nosotros miramos la UNASUR, vemos que el sueño de Bolívar y San Martín empieza a cumplirse. Cristina Fernández se refirió a la estafa del sistema financiero internacional. Ese mundo imperial está en crisis, está debilitado. Algunos sectores mostraron esperanzas en Barak Obama, quien ahora dice que el cierre de Guantánamo se va a hacer, pero no ahora. BZ: ¿Se conoce la opinión de Obama sobre el ataque de Israel? NG: No la he oído. Lógicamente, esto no se trata de hombres, sino de poderes económicos, políticos. Algunos se expresan de manera más bárbara, como Bush, y otros de formas más elegantes como Kennedy, que era demócrata y que sin embargo participó de la invasión a Cuba en los 60. Por eso, no debemos hacernos ilusiones en personajes individuales. Sí hay que hacer ilusiones por un sistema capitalista que está en crisis. A pesar de esa crisis de los países centrales, en Argentina se da un proceso económico y político que es interesante. Se critica al Gobierno por lo que se hace, no por lo que falta. BZ: Te hago una consulta que se vincula con esto que venimos charlando. ¿En algún otro momento histórico, el sistema mediático mostró un nivel de concentración como el actual?NG: Nunca. Aunque debemos marcar diferencias. En otro momento, allá por el siglo XIX, principios del XX, dos grandes diarios influían en la opinión pública, como La Nación y La Prensa. Ahora el Grupo Clarín es un verdadero pulpo que compra radio Mitre, Canal 13, Papel Prensa, TN, agencia DYN, La Voz del Interior. En La Voz del Interior se dan el lujo de echar a Enrique Lacolla, con 30 años de experiencia, uno de los principales intelectuales de Córdoba. Es un poder tremendo que miente a sabiendas. Hay un periodista de economía que decía que las medidas de Cristina son insuficientes, conservadores. Por suerte, tenemos memoria. Este buen señor, en un libro de 1978 decía que por suerte las Fuerzas Armadas estaban poniendo orden en Argentina. BZ: Digamos el nombre…NG: Daniel Muchnik. Se trata de personajes que posan de progresistas, son como la izquierda de Clarín. Pero están en Clarín. El Grupo incorpora periodistas supuestamente independientes y los vuelve vasallos. La Nación sabemos lo que es. Tiene muchos años de historia y no tiene arreglo. Es la vieja oligarquía. Clarín, que supo ser desarrollista, no ve nada bueno en el Gobierno que tiene cosas desarrollistas. En la oposición no hay nada. Carrió ve delincuentes en todos lados; Macri pide gestores, entiende que deben ser los empresarios los que deben administrar porque tienen experiencia en la gestión. BZ: Sobre esto último: ¿es nuevo en la historia argentina la existencia de dirigentes políticos que descreen de la política y enfatizan en la gestión, en una administración liberada de lo ideológico?NG: Es bastante novedoso. La vieja oligarquía se llamaba liberal. El viejo Pinedo era un gran defensor del libre cambio, de la sumisión a Inglaterra. Ahora cierta dirigencia tiene características muy especiales. Se oponen a todo. Supuestamente eran críticos del poder financiero y cuando el Gobierno estatiza las AFJP no lo apoyan. Es el drama de una dirigencia política opositora que es mentirosa, hipócrita, antinacional, y ni hablar de las fuerzas políticas supuestamente de izquierda.
Fuente: www.agenciapacourondo.blogspot.com (Agencia Paco Urondo)
Fuente: www.agenciapacourondo.blogspot.com (Agencia Paco Urondo)
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