martes, 10 de noviembre de 2009

Carta Abierta - Segunda - parte Distribuir la riqueza es construir la sustentabilidad

La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar. La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones.

Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales. Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis.

Los costos de estos colapsos son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad. No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos.

Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur.

En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.

Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta. Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración.

Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas. El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas. Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente.

Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol. Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares.

La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.

La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido.

Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.

El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más. Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras.

No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante. Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.

Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundización del proyecto transformador. En principio, la reforma financiera -hoy en agenda-, para orientar el crédito hacia el desarrollo, la integración nacional y la diversificación productiva. Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como su estatización cuando resulte estratégico.

Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos. Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática.

No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza. Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.

Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático. Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido. La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.

Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.

Carta Abierta - Primera parte Distribuir la riqueza es construir la sustentabilidad

La restauración conservadora despliega presiones y programas. Han transcurrido ocho años desde los acontecimientos provocados por el desbarajuste del modelo neoliberal, que se hundió a causa de su inconsistencia y, principalmente, del descontento ciudadano y la movilización popular, ambos resultantes de la indignación causada por las precariedades y los despojos sufridos durante la hegemonía que el capital financiero había ejercido en el último cuarto del siglo pasado. La emergencia y consolidación de un enfoque diferente desde el 2003 se tradujeron en un rápido e inédito ritmo de crecimiento del producto, en una reducción drástica del desempleo y en una solidez de la macroeconomía que los neoliberales siempre declamaron perseguir pero jamás lograron con sus políticas.

Una primera fase del nuevo rumbo se centró en la reestructuración de los precios relativos de la economía, sustentada en un tipo de cambio competitivo que ejercía la protección del mercado interno y estimulaba la sustitución de importaciones, a la vez que promovía las exportaciones, expandía el mercado interno, creaba una cantidad significativa de puestos de trabajo y recuperaba el salario de los trabajadores. Pero arribó a una instancia compleja de bifurcación de caminos, de elección entre proyectos, de opción entre alianzas necesarias.

Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas, callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.

Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. Para estos oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial.

Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.

También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar. Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo.

Asimismo lo constituía la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales. Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado.

Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i) La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP.

Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales.

La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que habían asegurado indestructible.

Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización. El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario. Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía.

Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.

A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas. Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.

En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados- permite a los formadores de precios maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios. Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.

Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso, límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.

La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna. Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además, una indispensable participación y organización popular.

Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular. En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.

Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado. Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales. También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos.

Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda, sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.

El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación. Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.

La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.

Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está basado en un patrón de acumulación definido en el proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities.

Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional. De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.

El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto. El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático. Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo.

Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.

domingo, 18 de octubre de 2009

Por Raúl Scalabrini Ortiz (En Hechos e Ideas, febrero 1946.)

"Es increíble y hasta admirable el poder de persuaden y de ejecución de nuestra oligarquía. En el mes de octubre de 1945, el coronel Perón fue destituido y encarcelado. El país azorado se enteraba de que el asesor de la formación del nuevo gabinete era el doctor Federico Pinedo, personaje a quien no puede calificarse sino con la ignominia de su propio nombre. El Ministerio de Obras Públicas había sido ofrecido al ingeniero Atanasio Iturbe, director de los Ferrocarriles británicos, que optó por esconderse detrás de un personero. El Ministerio de Hacienda sería ocupado por el doctor Alberto Hueyo, gestor del Banco Central y presidente de la Cade, entidad financiera que tiene una capacidad de corrupción de muchos kilovatios.
"La oligarquía vitalizada reflorecía en todos los resquicios de la vida argentina. Los judas disfrazados de caballeros asomaban sus fisonomías blanduzcas de hongos de antesala y extendían sus manos pringadas de avaricia y de falsía. Todo parecía perdido y terminado. Los hombres adictos al coronel Perón estaban presos o fugitivos. El pueblo permanecía quieto en una resignación sin brío, muy semejante a una agonía.
"Con la resonancia de un anatema sacudía mi memoria el recurso de las frases con que hace muchos años nos estigmatizó al escritor Kasimir Edschmidt. "Nada es durable en este continente, había escrito. Cuando tienen dictaduras, quieren democracias. Cuando tienen democracia, buscan dictaduras. Los pueblos trabajan para imponerse un orden, articularse, organizarse y configurarse, pero, en definitiva, vuelven a combatir. No pueden soportar a nadie sobre ellos. Si hubieran tenido un Cristo o un Napoleón, lo hubieran aniquilado".
"Pasaban los días y la inacción aletargada y sin sobresaltos parecía justificar a los escépticos de siempre. El desaliento húmedo y rastrero caía sobre nosotros como un ahogo de pesadilla. Los incrédulos se jactaban de su acierto. Ellos habían dicho que la política de apoyo al humilde estaba destinada al fracaso, porque nuestro pueblo era de suyo cicatero, desagradecido y rutinario. La inconmovible confianza en las fuerzas espirituales del pueblo de mi tierra que me había sostenido en todo el transcurso de mi vida, se disgregaba ante el rudo empellón de la realidad.
"Pensaba con honda tristeza en esas cosas en esa tarde del 17 de octubre de 1945. El sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco envarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábito de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pingües, de restos de breas, grasas y aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos en la impetración de un solo nombre: Perón. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir.
"Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales europeos, iba junto al rubio de trazos nórdicos y el trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. El río cuando crece bajo el empuje del sudeste disgrega su enorme masa de agua en finos hilos fluidos que van cubriendo los bajidos y cilancos con meandros improvisados sobre la arena en una acción tan minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avezado que ignora que es el anticipo de la inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmos que arribaban por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal.
"Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de la Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la Nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el substrato de nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí presente en su primordialidad sin reatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón."

miércoles, 16 de septiembre de 2009

VOTOS EN DIPUTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE MEDIOS

Votos de Córdoba en la cámara baja: a favor 5(Cecilia Merchán de Libres del Sur, Nora Bedano de PJ, Patricia Vaca Narvaja de PJ, Alberto Cantero de PJ y Francisco Delich de Convergencia), en contra 13 (Laura Sesma del Partido Socialista, Griselda Bal ...data y Juan Carlos Vega de Coalición Cívica, Mario Ardid y Norma Morandini del juecismo, todos los radicales y pejotistas)

martes, 15 de septiembre de 2009

RADIO GRAFICA: ESTAMOS PARIENDO UNA LEY PARA CAMBIAR LA HISTORIA

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Las Audiencias Públicas que se desarrollaron desde el martes 8 y el viernes 11 de septiembre pasados en la Cámara de Diputados de la Nación dejaron en claro que desde todos los rincones de la patria vastos sectores sociales reclaman la inmediata sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que garantice el derecho a la información y a la comunicación.Luchamos durante un cuarto de siglo para llegar a esta instancia decisiva y ahora es el momento para democratizar la palabra. Valoramos la firme voluntad de la Presidenta de la Nación , Cristina Fernández, quien tuvo el coraje de enviar el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso Nacional el pasado 27 de agosto. Dicho Proyecto no es una ley “K” de medios como sostiene la cadena de medios comerciales. Es el resultado de 5 años de debates y consensos que 300 organizaciones sociales unidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática desplegaron a lo ancho y a lo largo del país reivindicando a la comunicación como un derecho ciudadano.El gobierno supo escuchar una vez más al pueblo organizado. Como no podía ser de otro modo, los que han concentrado el poder, el dinero y la comunicación en las últimas tres décadas hablan de libertad pero en realidad claman por sus negocios, acciones y dividendos. Hablan de “ley mordaza”, de ley para “controlar a los medios” ¿pero no han sido ellos, los monopolios mediáticos, los que han amordazado y controlado la libre expresión del pueblo, amparados en la ley de la dictadura y los decretos de necesidad y urgencia dictados por Carlos Menem en los años 90 que la modificaron en su propio beneficio?Ahora es el momento de garantizar el pluralismo y la diversidad de voces, la democracia informativa sobre la que sabremos construir la democracia económica y cultural. Con el anuncio de la Presidenta en el día de la fecha, de eliminar del texto del Proyecto el artículo que permitía el ingreso de las empresas telefónicas comerciales al servicio de televisión por cable, se evidencia la voluntad del gobierno de aprobar sin dilaciones esta ley.Ya no hay más excusas. Quienes se opongan demostrarán ahora que, en realidad, sólo buscaban pretextos para continuar con la ley de la dictadura. Porque puestos a elegir, optaron por los monopolios mediáticos antes que por ese sujeto social que elaboró los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática y un Proyecto de Ley que democratice la comunicación. Apoyamos el inmediato tratamiento del Proyecto en el Congreso de la Nación, para que nuestros representantes sancionen una Ley que definitivamente de vuelta la página de una historia narrada sólo por los dueños del dinero. (Publicado por Agencia Paco Urondo www.agenciapacourondo.blogspot.com)

viernes, 13 de marzo de 2009

CINISMO

Por Fernando Krakowiak

Los dirigentes de Federación Agraria afirman que al oponerse a la política agropecuaria oficial defienden a los pequeños y medianos productores frente al avance de los pools de siembra. Sin embargo, el espacio que integran articula cotidianamente estrategias con miembros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la entidad que mejor representa los intereses de esos pools. El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, incluso participó del último congreso de Aapresid y se estrechó en un cálido abrazo con su presidente Gastón Fernández Palma. “Nosotros nos encolumnamos detrás de las entidades gremiales, hasta hicimos aportes financieros a las campañas de difusión. No nos involucramos en la política partidaria, pero entendemos que sí lo debemos hacer en las cuestiones de política agropecuaria”, reconoció Fernández Palma el pasado 11 de julio en una entrevista concedida al portal Infocampo. Por si algún desprevenido no lo sabe, Aapresid está integrada por las multinacionales Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer, entre otras.

La conducción de Federación Agraria remarca cada vez que puede que la serie de protestas iniciadas hace un año constituyen un nuevo Grito de Alcorta, en referencia a la rebelión campesina de 1912, pese a que en esta ocasión lo hacen con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina, entidad que representa a los terratenientes contra los cuales se habían rebelado aquellos campesinos.

Los federados reivindican al Estado como regulador de la economía y se llenan la boca elogiando el papel que en el pasado cumplió la ex Junta Nacional de Granos. Sin embargo, cuando el Gobierno dejó trascender que evaluaba la estatización del comercio exterior, la conducción de la entidad firmó una solicitada oponiéndose a la medida y luego argumentaron que una cosa es la “estatización” y otra distinta la “nacionalización”, como si la Junta Nacional de Granos hubiera estado controlada por un grupo de pymes agrícolas.

Federación Agraria se siente parte de los sectores populares. Integró el Frente Nacional contra la Pobreza, la Paritaria Social y cada vez que puede se solidariza con las distintas luchas que llevan adelante los trabajadores. No obstante, el martes pasado su presidente fue el vocero de la Mesa de Enlace al momento de incluir dentro de las exigencias del sector rural una rebaja de los aportes patronales y una “readecuación” de la legislación laboral, pues afirma que la normativa actual los “obliga” a tener parte de su personal en negro. Es el mismo argumento que utilizaban los defensores del neoliberalismo cuando impusieron la flexibilización laboral en la década del ’90, aunque Buzzi sostuvo que ambas medidas se tendrían que llevar adelante “sin afectar el derecho de los trabajadores”, como si no existiera contradicción entre una cosa y la otra. Con la misma lógica, los banqueros podrían hacer lobby para justificar futuros aumentos de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y luego salir a decir que esperan que esa medida no afecte a los que contrajeron una deuda para comprar su casa.

Federación Agraria también dice preocuparse por la situación de los agricultores de subsistencia. Ayer, sin ir más lejos, su presidente pidió que se contemple la situación de los miles de productores que en Santiago del Estero vienen siendo desalojados de sus tierras, aunque a continuación afirmó que había que tratar de que “convivan con los que traen soja y dinamismo a la región”, como si no supiera que son justamente esos que llevaron la soja los que los han estado desalojando.

No es un pecado defender los intereses patronales de la cadena agroindustrial sojera con uñas y dientes. Es un negocio que genera miles de millones de dólares y es sabido que el dinero es uno de los nervios más sensibles. La paradoja, en todo caso, es hacerlo en representación de los pequeños productores, que en muchos casos han sido víctimas de la sojización, e incluso en nombre de los sectores populares, disfrazando una reivindicación sectorial como una gesta “federal”, “nacional” y “patriótica”. Ese cinismo es difícil de disimular.

Fuente: www.pagina12.com.ar 

martes, 10 de marzo de 2009

FIESTA DE UNOS POCOS

Por Roberto Navarro
En las últimas semanas el Gobierno expuso la principal razón por la que aspira a sostener el nivel de los Derechos de Exportación a la soja: la necesidad fiscal. Para este año se estima que la actual alícuota de ese arancel dejará en las arcas del Tesoro aproximadamente 20 mil millones de pesos. La actual crisis económica internacional, como mínimo, desacelerará el ritmo de la recaudación. Entonces, la decisión de mantener, reducir o eliminar las retenciones es una discusión que define ¿quién pagará la cuenta de la crisis? Hasta el momento ninguno de los que propone modificar el esquema actual propuso reemplazarlo por un gravamen a otro sector económico. Por lo tanto, lo que están pensando es cargar la cuenta sobre la sociedad toda, ya sea por medio de un ajuste de gastos del Estado o aumentando el endeudamiento.
Detenerse en el nivel de los Derechos de Exportación de la soja sólo en el tema fiscal significa restarle importancia a una serie de perjuicios que trajo consigo el impresionante desarrollo de la oleaginosa en el campo. En el libro Consecuencias económicas de la soja transgénica, el economista Javier Rodríguez las explica con precisión. La explosión del cultivo de soja surgió en 1996, luego de que en el país se generalizara el uso de la resistente y rendidora semilla genéticamente modificada. En diez años (1996-2006), sólo en la región pampeana, la superficie sembrada de soja pasó de 5,6 a 12,6 millones de hectáreas. En el resto del país el crecimiento fue aún mayor: pasó de 6,2 a 15,6 millones de hectáreas. El 84,8 por ciento de este avance se hizo reemplazando a otros cultivos. Así se perdió el 10 por ciento de la superficie cultivada de yerba mate, el 15 por ciento de la superficie destinada al té, el 22 por ciento de la de arroz, el 31 por ciento de la de avena, el 43 por ciento de la de girasol, el 60 por ciento de la de algodón y el 81 por ciento de la de lino.
Este corrimiento generó una serie de perjuicios económicos y sociales. En primer lugar se fue concentrando las exportaciones agropecuarias en un solo cultivo y pocos clientes, siendo China el principal. Además, la importante reducción de algunos cultivos generó una fuerte suba de los precios internos de esos productos y de sus derivados. Algunas caídas son tan pronunciadas que amenazan la soberanía alimentaria del país. El crecimiento de la soja sobre los otros cultivos generó también una fuerte concentración de la producción, una caída de la masa salarial de los empleados del campo y la migración de población de la zonas rurales.
Un caso paradigmático del aumento de precios internos debido a la reducción de la producción es el incremento del precio del aceite de girasol: subió 547 por ciento desde la salida de la convertibilidad, el doble del aumento de la oleaginosa en el mercado internacional en el mismo período. En cuanto a la soberanía alimentaria, uno de los negocios que más sufrió el fuerte impacto por el desarrollo de la soja fue la cría y engorde de ganado. El equipo de trabajo de Javier Rodríguez elaboró un escenario alternativo para estimar cuál hubiera sido la producción ganadera si no hubiera perdido terreno frente al área de expansión de la soja en una década. Aun con el avance del feedlot, la producción ganadera perdió un 40 por ciento de crecimiento potencial.
La soja está concentrada en los grandes productores. Los que trabajan más de 1000 hectáreas destinan el 66 por ciento de la superficie de la que disponen al cultivo de soja; los que explotan menos de 1000 hectáreas utilizan el 46 por ciento para la oleaginosa; los que trabajan hasta 50 hectáreas, sólo el 18 por ciento. La razón es que la explotación de soja requiere de un paquete tecnológico que no está al alcance de los chacareros con menor poder adquisitivo. Por otra parte, el cultivo de la soja genera menos puestos de trabajo que el de cualquier otro cultivo. Con datos del INTA, la Secretaría de Agricultura y la revista Márgenes Agropecuarios, Rodríguez estimó una pérdida de 1854 millones de pesos del total de la masa salarial en el sector agropecuario entre 1996 y 2006. La concentración de la producción y la reducción del empleo trajeron como consecuencia una caída de la población rural. Tomando el caso de Córdoba, la principal provincia sojera, en el censo 2001 vivían en ese distrito 3,06 millones de personas, de las cuales 343 mil residían en zonas rurales. En la comparación con el censo 1991 se observa una suba de la población total del 10 por ciento y una caída de la rural del 22,7 por ciento.
La conclusión de este trabajo es que la impresionante evolución de la soja fue una fiesta para pocos. Mantener una fuerte diferencia entre los Derechos de Exportación de la soja y el resto de los cultivos es una estrategia adecuada para frenar este proceso. Además, disminuir la alícuota significaría resignar miles de millones de pesos de recaudación, que irían a parar en su mayor parte a unas pocas manos.
Fuente
: www.pagina12.com.ar

lunes, 9 de marzo de 2009

GERARDO MORALES: "Si meten la ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto"

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Clarín) El senador comparó el proyecto oficial con el hostigamiento de Chávez a la TV privada.
El senador y jefe nacional del radicalismo, Gerardo Morales, acusó ayer al Gobierno de intentar "el control de los medios de comunicación" y advirtió que si prospera la reforma de la ley de radiodifusión anunciada el domingo por la Presidenta, "vamos a estar en la parrilla y Venezuela va a quedar un poroto al lado de la Argentina".
Morales anticipó de ese modo la fuerte controversia que se disparará en el Parlamento si finalmente Cristina Kirchner envía este año un proyecto oficial sobre radiodifusión. Ese fue la única norma concreta que anunció la Presidenta en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias.
"Más que el anuncio de que el Gobierno pretende debatir una nueva legislación sobre radiodifusión o medios de comunicación, hemos escuchado una amenaza de la Presidente contra los medios y los periodistas independientes", le dijo Morales a Clarín.
Además, reiteró que "si meten la ley de radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto". El senador jujeño hizo esa comparación para referirse a la política de hostigamiento a los canales privados de televisión que rige en la Venezuela de Hugo Chávez, donde varias emisoras fueron clausuradas ó se les negó la renovación de sus licencias.
"A nosotros nos preocupa que el modelo de poder gire no solo en el manejo del dinero por la ley de superpoderes o en la ley del consejo de la magistratura que presiona a los jueces, sino ahora con el control de los medios de comunicación", agregó el jefe radical.
Por otro lado, Morales advirtió que "junto con el blanqueo, que facilita el narcotráfico en el país, y la compra de empresas de servicios públicos por parte de amigos del poder, el círculo se cierra para el kirchnerismo con la compra de medios de comunicación para concentrar mas poder aún".
Antes de su mensaje en el Congreso, la Presidenta se había reunido con el secretario de Medios, Enrique Albistur, para analizar la marcha del proyecto de radiodifusión que impulsaría el Gobierno. Parte del texto -por ahora en borrador- fue redactado por el titular del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), Juan Gabriel Mariotto, y sus colaboradores.
La UCR se perfila como la fuerza que opondrá más resistencia a una ley de radiodifusión que sirva eventualmente como traje medida al kirchnerismo. De hecho, uno de los proyectos sobre radiodifusión con estado parlamentario pertenece a la diputada Silvana Giúdici, de la UCR, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión. La otra iniciativa sobre el tema corresponde a la radical K Silvia Vázquez, una diputada de estrecha relación con la Presidenta. (Agencia Paco Urondo: www.agenciapacourondo.blogspot.com)

martes, 10 de febrero de 2009

LA SITUACION DEL CAMPO A PESAR DE LA SEQUIA

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) Por Roberto Navarro Entre 2003 y 2008 el sector agropecuario aumentó sus exportaciones en un 150 por ciento, sus ventas totales, un 160 por ciento, y sus ganancias un 340 por ciento. Esta excepcional performance estuvo basada, fundamentalmente, en la explotación de cereales y oleaginosas. El nivel de precios actual de estos granos, descontadas las retenciones, es similar al que regía a finales de 2007 para la soja, el maíz y el trigo, que representan el 90 por ciento de la cosecha, y un 27 por ciento menores en el girasol. Y los costos de explotación bajaron un promedio del 20 por ciento. En ese momento ninguna de las cámaras que representan al campo se quejaba de su situación. Hoy, en similares condiciones, acaban de anunciar un nuevo lockout empresarial.La Secretaría de Agricultura y consultoras independientes estiman que la sequía tendrá como resultado una caída en la producción de la actual campaña de aproximadamente un 15 por ciento, con respecto a la anterior. Hecho que, obviamente, disminuirá las ganancias de 2009. Pero las 2500 grandes explotaciones, que concentran el 80 por ciento de la producción, tienen la posibilidad de utilizar métodos de riego adicional –si tuvieron la previsión de reinvertir parte de sus fabulosas utilidades en esta tecnología– y de cobrar los seguros de sequía que ofrecen los bancos. Para los más pequeños el Estado nacional destinó 230 millones de pesos en subsidios y declaró la emergencia agropecuaria, que pospone por un año el pago de los principales impuestos.En 2003 la producción de granos, el principal rubro de explotación agropecuario, fue de 66,8 millones de toneladas; en 2008 alcanzó los 95,4 millones de toneladas, un 42 por ciento más. Aduana registró que esas ventas significaron ingresos para los productores por 10.214 millones de dólares en 2003 y por 25.397 millones de dólares en 2008, un incremento del 148,6 por ciento. En 2003 –siempre según datos de la AFIP– el campo tributó de impuesto a las ganancias por sus utilidades de 2002 un total de 1183 millones de pesos. El año pasado pagó 3841 millones, 225 por ciento más. Las estimaciones de lo que deberán pagar por sus ganancias de 2008 superan los 5000 millones de pesos. Es decir que, según sus propias declaraciones juradas, aumentaron sus ganancias en un 340 por ciento en términos nominales en un lustro.El seis de noviembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner aumentó los derechos de exportación de los granos. Las cámaras empresarias del sector protestaron por la medida, pero finalmente la toleraron por el buen nivel de precios de los cereales. El precio actual de los principales granos, descontadas las retenciones vigentes, es similar al de ese entonces. La soja, que representó en 2008 el 54 por ciento de la producción, cerró el jueves último a 384 dólares la tonelada. Descontándole el 35 por ciento de retención vigente, el productor recibe 250 dólares. En noviembre de 2007 recibía 252 dólares. El maíz, que significa el 27 por ciento de la cosecha, con una retención actual del 32 por ciento, cotiza a 124 dólares, un dólar más que en 2007. Es decir que en más del 80 por ciento de la producción, los ruralistas reciben el mismo precio que en 2007. En el caso del trigo, el productor obtiene un 9 por ciento menos que en el período citado, mientras que en el girasol la baja es del 27 por ciento.Los principales dirigentes agropecuarios afirman que por la sequía los rindes por hectárea serán menores y que por lo tanto ganarán menos. Pero no hablan de la fuerte baja en los costos que los está beneficiando. El precio de los agroquímicos cayó un promedio de 35 por ciento en el último trimestre, arrastrado por la caída del petróleo y por la misma baja de los granos. Las semillas cuestan 20 por ciento menos. Pero la baja de costos más importante es el derrumbe en el valor de los arrendamientos, que supera el 40 por ciento. El año pasado se pagaban hasta 23 quintales de soja por hectárea; en la actualidad ningún alquiler supera los 15 quintales la hectárea y en muchos casos se están pactando 12 quintales. El 70 por ciento de la producción nacional de granos se realiza en campos arrendados y para los productores el costo del alquiler significa el 50 por ciento del total de sus gastos. Según la revista Márgenes Agropecuarios, la de mayor circulación entre los productores del campo, en promedio, se estima que la caída de costos supera el 20 por ciento.Cuando se revisan los resultados de 2008, año marcado por el conflicto agropecuario, surge que el sector rural obtuvo una alta rentabilidad. El aumento de las ganancias declaradas a la AFIP fue del 52,8 por ciento con respecto al período anterior: 2514 millones de pesos en 2007 y 3841 millones el año pasado (los pagos de ganancias corresponden siempre a las utilidades conseguidas el año anterior). A la vez, las exportaciones treparon de 19.300 millones de dólares en 2007 a 25.397 millones en 2008, 31,5 por ciento de aumento.La diferencia entre los costos de la sequía que estima el Gobierno con respecto a los de las cámaras agropecuarias es enorme. En el Ejecutivo hablan de 2000 millones de dólares; Confederaciones Rurales Argentinas asegura que se perderán 5000 millones de dólares. Más allá de los métodos de cálculo que haya utilizado cada uno, hay un concepto principal a definir: ¿a qué se le llama pérdida? Es lógico que un pequeño productor que tenía 50 cabezas de ganado y se le murieron hable de pérdida. Pero, según estimaciones del Ministerio de Economía, los grandes productores pasarán de ganar un 100 por ciento sobre inversión neta en 2008 a un 50 por ciento en 2009. Y dan un caso concreto: un campo de 200 hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires sembrado de soja el año pasado arrojó una ganancia de 433 dólares por hectárea, mientras que en 2009, a precios del viernes último, dejará 290 dólares. Al cambio actual, esos 290 dólares significan 1015 pesos por hectárea, casi lo mismo que arrojaba esa explotación a fines de 2007, pero un 600 por ciento más que los 155 pesos que dejaba en 2001 ¿Puede llamársele pérdida a esos 290 dólares por hectárea? Los popes de las cámaras gremiales piensan que sí y por eso proponen un nuevo lockout.La sequía reduce el rendimiento en cantidad de quintales que se cosechan por hectárea y en muchos casos ni siquiera permitió sembrar. El factor climático es un determinante de rentabilidad importantísimo para el campo. Los productores lo saben. Por eso existen elementos para paliar esa amenaza siempre presente. Una de ellas son los seguros climáticos que ofrecen los bancos. Según el tamaño de la explotación y el alcance de la póliza, el seguro significa entre un 2 y un 5 por ciento del costo total. Muchos grandes productores lo tienen; otros, más arriesgados, hoy se arrepienten de no haberlo contratado. Como siempre, para los productores muy pequeños, no es accesible. Si el Estado se hiciera cargo de las “pérdidas”, nadie necesitaría gastar en seguros.Los primeros perjuicios económicos causados por la debacle internacional ya se conocen. En diciembre la producción automotriz cayó 41 por ciento; la producción de acero derrapó 31 por ciento; la de cemento, casi 10 por ciento, por citar algunos sectores relevantes. Hasta ahora ninguno de estos damnificados anunció ningún lockout ni amagó con cortar rutas. El sector agropecuario, el que contabilizó el mayor incremento en sus ventas y ganancias en los últimos cinco años, acaba de anunciar el primer lockout de 2009 para fines de febrero. (Agencia Paco Urondo)

martes, 3 de febrero de 2009

LOS ALIADOS POSIBLES Y EL ENEMIGO PRINCIPAL (NORBERTO GALASSO)


Días atrás, se publicaron en este diario notas de opinión de Hugo Barcia y Alcira Argumedo referidas a declaraciones de Pino Solanas donde responsabilizaba por la mortalidad infantil no sólo al Gobierno, sino también a “cómplices, mentores intelectuales, etc.”, entre los cuales se hallaría el grupo Carta Abierta. Alcira no refutó las apreciaciones correctas de Barcia sobre la mortalidad infantil, sino que fundamentó el furibundo antikirchnerismo de Proyecto Sur en siete puntos, entre los cuales los puntos 2, 3, 4 y 6 corresponden a uno solo: la política del Gobierno respecto a los recursos naturales; el punto 1 se refiere al Tren Bala, proyecto que puede considerarse frustrado, el 4 al blanqueo de capitales y el 7 a la prórroga de las licencias a los medios de comunicación. Además, ratificó las críticas de Pino a Carta Abierta. Estas posiciones no son nuevas en Proyecto Sur: en La Nación, Pino ha señalado que “Kirchner es un traidor a la patria e hipotecó el futuro” (29/9/2007), en Perfil sostuvo que “Kirchner continúa a Menem” (20/5/2007) y últimamente calificó a este gobierno de “antinacional y antipopular”. Si esto lo pregonasen Altamira, Ripoll o Alderete, no escribiría estas líneas pues la izquierda abstracta, liberal o antinacional, como se la quiera llamar, se ha especializado, desde Yrigoyen hasta hoy, en ser funcional a la reacción, en nombre del socialismo y sólo la izquierda nacional ha sabido comprender a los movimientos nacionales cabalgando a su lado mientras intentaba mantener su independencia política, ideológica y organizativa, aunque también allí hubo claudicaciones como la de Ramos frente al menemismo. Pero como estas críticas (confundiendo al posible aliado con el enemigo principal) provienen de compañeros con los cuales hemos transitado caminos de lucha, como en el frustrado Proyecto Sur de 2002/03, alguien que pertenece a las bases de Carta Abierta, orienta la Corriente Política E. S. Discépolo y dirige el periódico Señales Populares, se ve obligado, con el dolor que provoca criticar a antiguos compañeros, a intervenir en la polémica.A las críticas de Alcira, podemos oponer:1) La avanzada política de derechos humanos del kirchnerismo.2) La avanzada política latinoamericana que contribuyó a hundir el proyecto del ALCA, que desde el Unasur contribuyó a evitar el golpe de Estado en Bolivia y que ha logrado la simpatía y apoyo de Chávez y Fidel, quienes, según parece, saben algo de imperialismo y cuestión nacional.3) La depuración de la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de figuras de capacidad y conducta incontrovertible.4) El recupero de los aportes previsionales al tomar las AFJP, dando un fuerte golpe al poder financiero.5) La reconversión de una economía de especulación por un modelo productivo que permitió una importante disminución de la desocupación y la pobreza.6) El intento de redistribuir el ingreso a través de la Resolución 125, afectando la renta agraria diferencial, en el mismo sentido que lo hizo Perón en el ‘46 a través de los tipos de cambio selectivos. (En este caso, no vale el argumento de Alcira acerca de la votación de Lozano, pues la AFIP (resolución 1898/2008) inició acción contra las grandes exportadoras por los 1700 millones de pesos evadidos (El Cronista, 22/1/2009). Y aun cuando no lo hubiera hecho, esto obligaba, por lo menos a la abstención y no a ser cobertura de izquierda de la nueva Unidad Democrática que están conformando Carrió, Morales, López Murphy y otros.)7) El recupero del rol del Estado: en Correos, Aguas, transporte aéreo, astilleros, algunos ramales ferroviarios, proyecto de tomar la fábrica de aviones de Córdoba y el canal Encuentro.El kirchnerismo es pues todo esto y es también buena parte de lo que dice Alcira, como ocurre normalmente con los movimientos nacionales en gestación, policlasistas, contradictorios, clientelistas, pragmáticos, conciliadores, con “amigos del poder” que hacen negocios. ¿Se lo tenemos que decir nosotros, desde la izquierda nacional, justamente a los peronistas? Diría Jauretche, ¿dónde se ha visto que los hijos enseñen a los padres cómo se hacen los hijos? ¿Qué hubiera hecho Pino cuando Perón se negó a expropiar a la corrupta y recorrupta CADE? ¿Hubiera dicho que era “un gobierno antinacional y antipopular”? Claro, desde la izquierda abstracta es fácil decir, ¿por qué Perón no desarrolló fuertemente la minería?, ¿por qué apenas dio el puntapié inicial con Somisa cuya primera colada es de la época de Frondizi? ¿Y el contrato petrolero con la California? ¿Habría dicho acaso: “¡Qué antinacional y antipopular es este Perón!”? Pino dice en otro artículo: “Perón no estaría hoy en el PJ”. Yo pregunto: ¿era mucho mejor el PJ del ‘54? ¿No había entonces “amigos del poder” que hacían negocios? ¿Quiénes eran Jorge Antonio y Silvio Tricerri? ¿O entonces resulta que Codovilla tenía razón siendo funcional al imperialismo para que sanease a la Argentina emporcada por los “negros peronistas” del ‘45?Por otra parte, somos ya lechuzas demasiado cascoteadas para entrar en la moralina boba de la Carrió: la corrupción es intrínseca al capitalismo y cuando está la reacción en el poder disimula sus negocios con leyes a su conveniencia; cuando estamos los del pueblo algunos violan esas leyes y hacen sus negocitos. Pregúntenle a Chávez, que sabe de esto, como también de la clase media de Caracas escandalizada moralmente, aunque, igual que la nuestra, evade impuestos con toda naturalidad.Por momentos me asombro, porque parece que hay que enseñarles peronismo a los peronistas. Ningún gobierno, decía Perón, cumple el 100 por ciento de los objetivos nacionales y populares, porque está el enemigo que también es fuerte. Cuando cumple el 50 por ciento o más ya el balance es favorable. Jauretche le decía a Jorge Del Río cuando se deslizaba a la oposición porque Perón no expropiaba la CADE: “Es importante, sí, pero usted no puede ver la historia por el agujerito de la cerradura de la CADE”.El balance general es el que interesa. Escuchen esto mis viejos y queridos amigos: “Hay muchos actos, y no de los menos trascendentales por cierto, de la política interna y externa del general Perón que no serían aprobados por el tribunal de las ideas matrices que animaron a mi generación. Pero de allí no tenemos derecho a deducir que la intención fuese menos pura y generosa. En el dinamómetro de la política, esas transigencias miden los grados de coacción de todo orden con que actúan las fuerzas extranjeras en el amparo de sus intereses y de su conveniencia. No debemos olvidar en ningún momento –cualesquiera sean las diferencias de apreciación– que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. Todo lo que socava a Perón, fortalece a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país” (1947). No hace falta que te diga a vos, Pino, que hiciste recientemente una película sobre “los hombres que están solos y esperan”, que el autor es Raúl Scalabrini Ortiz. Por eso, como decía Jacques Prevert, es muy peligroso dejar que los intelectuales jueguen con fósforos porque, retomando a Jauretche, combatir lo bueno (“desgastando”, creando “clima destituyente”) puede significar que en vez de lograr lo mejor, sirvamos para que vuelva lo malo.En esta Argentina de hoy hay que luchar para profundizar este proceso, cabalgándole al lado, marcando críticas, proponiendo soluciones superadoras, empujando, pero no atacando desde enfrente, presionando para que fracase, porque la única opción que hay hoy la conocemos y viene de lejos: Bullrich Luro Pueyrredón, Pinedo, Estensoro, López Murphy, Grondona, Anchorena, los grandes pulpos mediáticos... y el Tío Sam.Por esta razón, Proyecto Sur debería sumarse a Carta Abierta en vez de arrojarle críticas y trabajar desde allí, para incorporar a la lucha a los sectores populares, para movilizar, exigiendo al Gobierno que profundice lo realizado, porque –y vuelvo a decir, me da vergüenza explicarlo a compañeros de larga militancia– aquí hay una cuestión nacional argentina y latinoamericana por resolver. Y estamos frente a una oportunidad como nunca tuvimos antes. Lo saben Fidel, Chávez, Evo, Correa y muchos otros y lo intuyen los pueblos. Quienes socaven este proceso –con planteos que desconocen la correlación de fuerzas existente– asumen una grave responsabilidad si se frustra esta gran oportunidad para ir dando pasos hacia una América latina unida y soberana, marchando en el camino del socialismo del siglo XXI.

lunes, 2 de febrero de 2009

EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIALES EN LA ARGENTINA, POR ERIC CALCAGNO

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Revista Sur y en Causa Popular) Hubo un tiempo durante el cual el periodismo era expresamente un medio de persuasión: los principales diarios de la Argentina estaban identificados con un partido político o se presentaban como defensores de una definida corriente de opinión. Así, en el país están o estuvieron el mitrista diario La Nación, el conservador La Prensa, el yrigoyenista La Época, el peronista Democracia, el socialista La Vanguardia, el anarquista La Protesta, el comunista Nuestra Propuesta, el nacionalista Azul y Blanco, y muchos otros. Quien leía cada uno de estos periódicos sabía cuál era la ideología y los puntos de vista de los redactores. 

Esta convicción con información fue desplazada de a poco por la prensa con lógica empresaria. El objetivo es la maximización de ganancias, que convierte la noticia en mercancía informativa. Para que este sistema funcione, se basa en proclamar la objetividad, utilizar el sensacionalismo y presentar la independencia de posiciones partidarias. Parecen requisitos necesarios en la defensa de intereses económicos, en general de grupos concentrados, que usan la comunicación para legitimar su poder en la sociedad: ¿una política sin partidos, sin militantes... sin votantes? Un mundo de pasivos lectores, consumidores de la “verdad” cotidiana, anunciada como un oráculo, inapelable como una sentencia. 

A veces, ése parece ser el rol que ejercen en varios países latinoamericanos algunos diarios y periódicos comerciales, que ocupan el lugar de los partidos políticos. Se llega al extremo de fabricar conflictos y líderes para encauzar la oposición, cuando ésta es muy débil o se encuentra desarticulada. 

Claro que éste no es un fenómeno nuevo: antes del desembarco de fuerzas estadounidenses en Cuba durante la guerra con España de 1898, el magnate de la prensa William Hearst envió a La Habana a un periodista, quien le telegrafió lo siguiente: “No ocurre nada, todo está en calma, no habrá guerra, quisiera regresar”. Hearst le respondió: “Quédese, provéanos de ilustraciones, nosotros le suministraremos la guerra”. 

En este contexto, es útil recordar la metodología sugerida por Harold D. Lasswell, quien a mediados del siglo pasado recomendaba analizar la función política real de los medios de comunicación con tres preguntas que contestar: “Quién dice qué, a quién y con qué efecto”. Veamos. 

Quién dice. El primer punto se refiere a quién dice. En este sentido, sólo tienen acceso a la propiedad de los medios masivos de comunicación el Estado o aquellas empresas con suficiente poder económico como para poder editar un diario o un periódico, o instalar y hacer funcionar una estación de radio o de televisión.

No todos los ciudadanos de este país, por más buenas intenciones que tengan, pueden ser los dueños de un medio de comunicación: la igualdad de oportunidades frente a la comunicación masiva está, pues, falseada desde el origen. 


Qué dice. El segundo elemento en la definición se refiere al contenido del mensaje. Aquí suele mezclarse la información con la propaganda. Es decir, se trata de “influenciar la acción humana por la manipulación de representaciones”, que pueden ser habladas, escritas, por imágenes o musicales. Para ello se utilizan los medios de publicidad más aptos para coordinar la conducta de grandes masas de población, lo cual puede hacerse cada vez con mayor eficacia dada la enorme difusión de los modernos medios de comunicación, en especial la televisión; por lo demás, se trata de medios que requieren una actitud pasiva de quien contempla las imágenes, al contrario del esfuerzo de imaginación que requiere la palabra impresa. 

Este mensaje puede referirse a la más amplia gama de temas, desde los ideológicos hasta los políticos y comerciales. Sirve tanto para una campaña electoral como para vender un producto o para desgastar a un gobierno. Los problemas surgen con respecto a las cuestiones de fondo, cuando se falsea o deforma la información o se procura instalar profecías autocumplidas; y en las formas, cuando se quiere promover a un candidato con métodos que sirven para vender automóviles o desodorantes (hay circunstancias en las que el método determina el resultado... no todo da lo mismo). 

A quién se dice y con qué efecto. El tercer factor de la metodología sugerida por Lasswell alude a los destinatarios del mensaje, que cada vez constituyen grupos más amplios. El éxito de la prédica transmitida por la publicidad se refleja en la adopción por los receptores de las actitudes o conductas preconizadas. 

Informar quiere decir –de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española– “enterar, dar noticia de una cosa”; pero para que el mensaje sea tomado como verdadero, debe atravesar el filtro de la ideología o de las ideas preconcebidas o prejuicios. Es común no enterarse de las informaciones que contradicen las propias convicciones; o que, si se aceptaran, plantearían graves problemas morales o políticos o de seguridad personal. Un ejemplo trágico de este hecho es el bloqueo mental con el que gran parte de la población argentina (en especial de su clase media) pudo ignorar la desaparición de personas durante el gobierno militar; o la propia desaparición del Estado durante los ’90. 

Otra de las características fundamentales de los medios de comunicación es su capacidad para afirmar o diluir la identidad cultural de las naciones. Varios estudios acerca de la televisión muestran una disociación entre las necesidades de una cultura nacional deseable y la mayor parte del material que se emite, que en su mayor parte consiste en series violentas de procedencia extranjera, que ya están amortizadas en el país de origen y pueden venderse a bajos costos.

El fenómeno de transnacionalización de las actividades económicas y culturales afecta fuertemente a las identidades nacionales. El término de “industria de la información” acuñado por los economistas de la Universidad de Stanford, plantea claramente el predominio de lo económico por sobre lo cultural; si a ello se agrega la factibilidad de emitir mensajes que se reciben en todo el mundo, por encima de las fronteras, resulta la posibilidad de tratar los productos culturales de modo análogo a las exportaciones comerciales. De tal modo, no sólo se desdibuja la identidad cultural nacional, sino que a la vez se desinforma.

En conclusión, abandonada la función política de persuasión, la información aparece entonces como una mercancía más, resultado de sistemas de producción, distribución y consumo donde encontramos las mismas variables y categorías que en cualquier otra área de la actividad económica. Han sufrido las mismas consecuencias de la concentración y extranjerización del aparato productivo y han efectuado una “globalización” de lo comercial y lo político; el problema es que aquí se trata de la producción y de la distribución de ideas, de la visión de nuestra Nación y de nosotros mismos, así como también de las capacidades para alcanzar determinados objetivos.

Lo grave es que los propietarios de la información no lo dicen, y los consumidores suelen creerlo. Aboguemos entonces por una prensa política, que represente con claridad todas las opiniones, y por lectores militantes, que ejerzan sus convicciones.
Fuente: Agencia Paco Urondo www.agenciapacourondo.blogspot.com

lunes, 5 de enero de 2009

COMISIÓN DE ECONOMIA DE CARTA ABIERTA: "SIN ESTADO NO HAY NACIÓN"

La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas con la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.
Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.
Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.
Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.
El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.
Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.
La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.
El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.
Nociones básicas
El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.
El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.
Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.
No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.
Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.
Heterodoxia
El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.
La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.
El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.
En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.
En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.
Intervención pública
El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.
Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.
Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.
Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.
El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.
La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.
Encrucijada
Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.
Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.
Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.
El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”.
Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.
El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.
Desarrollo nacional
Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.
Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.
Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.
economia.carta.abierta@gmail.com
Fuente:
http://www.frentetransversal.com.ar/