CINISMO

Por Fernando Krakowiak

Los dirigentes de Federación Agraria afirman que al oponerse a la política agropecuaria oficial defienden a los pequeños y medianos productores frente al avance de los pools de siembra. Sin embargo, el espacio que integran articula cotidianamente estrategias con miembros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la entidad que mejor representa los intereses de esos pools. El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, incluso participó del último congreso de Aapresid y se estrechó en un cálido abrazo con su presidente Gastón Fernández Palma. “Nosotros nos encolumnamos detrás de las entidades gremiales, hasta hicimos aportes financieros a las campañas de difusión. No nos involucramos en la política partidaria, pero entendemos que sí lo debemos hacer en las cuestiones de política agropecuaria”, reconoció Fernández Palma el pasado 11 de julio en una entrevista concedida al portal Infocampo. Por si algún desprevenido no lo sabe, Aapresid está integrada por las multinacionales Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer, entre otras.

La conducción de Federación Agraria remarca cada vez que puede que la serie de protestas iniciadas hace un año constituyen un nuevo Grito de Alcorta, en referencia a la rebelión campesina de 1912, pese a que en esta ocasión lo hacen con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina, entidad que representa a los terratenientes contra los cuales se habían rebelado aquellos campesinos.

Los federados reivindican al Estado como regulador de la economía y se llenan la boca elogiando el papel que en el pasado cumplió la ex Junta Nacional de Granos. Sin embargo, cuando el Gobierno dejó trascender que evaluaba la estatización del comercio exterior, la conducción de la entidad firmó una solicitada oponiéndose a la medida y luego argumentaron que una cosa es la “estatización” y otra distinta la “nacionalización”, como si la Junta Nacional de Granos hubiera estado controlada por un grupo de pymes agrícolas.

Federación Agraria se siente parte de los sectores populares. Integró el Frente Nacional contra la Pobreza, la Paritaria Social y cada vez que puede se solidariza con las distintas luchas que llevan adelante los trabajadores. No obstante, el martes pasado su presidente fue el vocero de la Mesa de Enlace al momento de incluir dentro de las exigencias del sector rural una rebaja de los aportes patronales y una “readecuación” de la legislación laboral, pues afirma que la normativa actual los “obliga” a tener parte de su personal en negro. Es el mismo argumento que utilizaban los defensores del neoliberalismo cuando impusieron la flexibilización laboral en la década del ’90, aunque Buzzi sostuvo que ambas medidas se tendrían que llevar adelante “sin afectar el derecho de los trabajadores”, como si no existiera contradicción entre una cosa y la otra. Con la misma lógica, los banqueros podrían hacer lobby para justificar futuros aumentos de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y luego salir a decir que esperan que esa medida no afecte a los que contrajeron una deuda para comprar su casa.

Federación Agraria también dice preocuparse por la situación de los agricultores de subsistencia. Ayer, sin ir más lejos, su presidente pidió que se contemple la situación de los miles de productores que en Santiago del Estero vienen siendo desalojados de sus tierras, aunque a continuación afirmó que había que tratar de que “convivan con los que traen soja y dinamismo a la región”, como si no supiera que son justamente esos que llevaron la soja los que los han estado desalojando.

No es un pecado defender los intereses patronales de la cadena agroindustrial sojera con uñas y dientes. Es un negocio que genera miles de millones de dólares y es sabido que el dinero es uno de los nervios más sensibles. La paradoja, en todo caso, es hacerlo en representación de los pequeños productores, que en muchos casos han sido víctimas de la sojización, e incluso en nombre de los sectores populares, disfrazando una reivindicación sectorial como una gesta “federal”, “nacional” y “patriótica”. Ese cinismo es difícil de disimular.

Fuente: www.pagina12.com.ar 

FIESTA DE UNOS POCOS

Por Roberto Navarro
En las últimas semanas el Gobierno expuso la principal razón por la que aspira a sostener el nivel de los Derechos de Exportación a la soja: la necesidad fiscal. Para este año se estima que la actual alícuota de ese arancel dejará en las arcas del Tesoro aproximadamente 20 mil millones de pesos. La actual crisis económica internacional, como mínimo, desacelerará el ritmo de la recaudación. Entonces, la decisión de mantener, reducir o eliminar las retenciones es una discusión que define ¿quién pagará la cuenta de la crisis? Hasta el momento ninguno de los que propone modificar el esquema actual propuso reemplazarlo por un gravamen a otro sector económico. Por lo tanto, lo que están pensando es cargar la cuenta sobre la sociedad toda, ya sea por medio de un ajuste de gastos del Estado o aumentando el endeudamiento.
Detenerse en el nivel de los Derechos de Exportación de la soja sólo en el tema fiscal significa restarle importancia a una serie de perjuicios que trajo consigo el impresionante desarrollo de la oleaginosa en el campo. En el libro Consecuencias económicas de la soja transgénica, el economista Javier Rodríguez las explica con precisión. La explosión del cultivo de soja surgió en 1996, luego de que en el país se generalizara el uso de la resistente y rendidora semilla genéticamente modificada. En diez años (1996-2006), sólo en la región pampeana, la superficie sembrada de soja pasó de 5,6 a 12,6 millones de hectáreas. En el resto del país el crecimiento fue aún mayor: pasó de 6,2 a 15,6 millones de hectáreas. El 84,8 por ciento de este avance se hizo reemplazando a otros cultivos. Así se perdió el 10 por ciento de la superficie cultivada de yerba mate, el 15 por ciento de la superficie destinada al té, el 22 por ciento de la de arroz, el 31 por ciento de la de avena, el 43 por ciento de la de girasol, el 60 por ciento de la de algodón y el 81 por ciento de la de lino.
Este corrimiento generó una serie de perjuicios económicos y sociales. En primer lugar se fue concentrando las exportaciones agropecuarias en un solo cultivo y pocos clientes, siendo China el principal. Además, la importante reducción de algunos cultivos generó una fuerte suba de los precios internos de esos productos y de sus derivados. Algunas caídas son tan pronunciadas que amenazan la soberanía alimentaria del país. El crecimiento de la soja sobre los otros cultivos generó también una fuerte concentración de la producción, una caída de la masa salarial de los empleados del campo y la migración de población de la zonas rurales.
Un caso paradigmático del aumento de precios internos debido a la reducción de la producción es el incremento del precio del aceite de girasol: subió 547 por ciento desde la salida de la convertibilidad, el doble del aumento de la oleaginosa en el mercado internacional en el mismo período. En cuanto a la soberanía alimentaria, uno de los negocios que más sufrió el fuerte impacto por el desarrollo de la soja fue la cría y engorde de ganado. El equipo de trabajo de Javier Rodríguez elaboró un escenario alternativo para estimar cuál hubiera sido la producción ganadera si no hubiera perdido terreno frente al área de expansión de la soja en una década. Aun con el avance del feedlot, la producción ganadera perdió un 40 por ciento de crecimiento potencial.
La soja está concentrada en los grandes productores. Los que trabajan más de 1000 hectáreas destinan el 66 por ciento de la superficie de la que disponen al cultivo de soja; los que explotan menos de 1000 hectáreas utilizan el 46 por ciento para la oleaginosa; los que trabajan hasta 50 hectáreas, sólo el 18 por ciento. La razón es que la explotación de soja requiere de un paquete tecnológico que no está al alcance de los chacareros con menor poder adquisitivo. Por otra parte, el cultivo de la soja genera menos puestos de trabajo que el de cualquier otro cultivo. Con datos del INTA, la Secretaría de Agricultura y la revista Márgenes Agropecuarios, Rodríguez estimó una pérdida de 1854 millones de pesos del total de la masa salarial en el sector agropecuario entre 1996 y 2006. La concentración de la producción y la reducción del empleo trajeron como consecuencia una caída de la población rural. Tomando el caso de Córdoba, la principal provincia sojera, en el censo 2001 vivían en ese distrito 3,06 millones de personas, de las cuales 343 mil residían en zonas rurales. En la comparación con el censo 1991 se observa una suba de la población total del 10 por ciento y una caída de la rural del 22,7 por ciento.
La conclusión de este trabajo es que la impresionante evolución de la soja fue una fiesta para pocos. Mantener una fuerte diferencia entre los Derechos de Exportación de la soja y el resto de los cultivos es una estrategia adecuada para frenar este proceso. Además, disminuir la alícuota significaría resignar miles de millones de pesos de recaudación, que irían a parar en su mayor parte a unas pocas manos.
Fuente: www.pagina12.com.ar

GERARDO MORALES: "Si meten la ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto"

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Clarín) El senador comparó el proyecto oficial con el hostigamiento de Chávez a la TV privada.
El senador y jefe nacional del radicalismo, Gerardo Morales, acusó ayer al Gobierno de intentar "el control de los medios de comunicación" y advirtió que si prospera la reforma de la ley de radiodifusión anunciada el domingo por la Presidenta, "vamos a estar en la parrilla y Venezuela va a quedar un poroto al lado de la Argentina".
Morales anticipó de ese modo la fuerte controversia que se disparará en el Parlamento si finalmente Cristina Kirchner envía este año un proyecto oficial sobre radiodifusión. Ese fue la única norma concreta que anunció la Presidenta en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias.
"Más que el anuncio de que el Gobierno pretende debatir una nueva legislación sobre radiodifusión o medios de comunicación, hemos escuchado una amenaza de la Presidente contra los medios y los periodistas independientes", le dijo Morales a Clarín.
Además, reiteró que "si meten la ley de radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto". El senador jujeño hizo esa comparación para referirse a la política de hostigamiento a los canales privados de televisión que rige en la Venezuela de Hugo Chávez, donde varias emisoras fueron clausuradas ó se les negó la renovación de sus licencias.
"A nosotros nos preocupa que el modelo de poder gire no solo en el manejo del dinero por la ley de superpoderes o en la ley del consejo de la magistratura que presiona a los jueces, sino ahora con el control de los medios de comunicación", agregó el jefe radical.
Por otro lado, Morales advirtió que "junto con el blanqueo, que facilita el narcotráfico en el país, y la compra de empresas de servicios públicos por parte de amigos del poder, el círculo se cierra para el kirchnerismo con la compra de medios de comunicación para concentrar mas poder aún".
Antes de su mensaje en el Congreso, la Presidenta se había reunido con el secretario de Medios, Enrique Albistur, para analizar la marcha del proyecto de radiodifusión que impulsaría el Gobierno. Parte del texto -por ahora en borrador- fue redactado por el titular del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), Juan Gabriel Mariotto, y sus colaboradores.
La UCR se perfila como la fuerza que opondrá más resistencia a una ley de radiodifusión que sirva eventualmente como traje medida al kirchnerismo. De hecho, uno de los proyectos sobre radiodifusión con estado parlamentario pertenece a la diputada Silvana Giúdici, de la UCR, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión. La otra iniciativa sobre el tema corresponde a la radical K Silvia Vázquez, una diputada de estrecha relación con la Presidenta. (Agencia Paco Urondo: www.agenciapacourondo.blogspot.com)